Escrito por Alberto de la Rosa

Profesor universitario y estudioso del derecho electoral.

500 millones de pesos costará la próxima gubernatura

“Un político pobre, es un pobre político”, “Todo lo que en política tenga que pagarse con dinero, sale barato”, “El dinero es para gastarse y más el que no es de uno”, son frases atribuidas a diversos políticos de nuestra localidad, las cuales hacen alusión a los ríos de dinero que fluyen en este tenebroso ambiente de la política.

Sé que en estos tiempos de coronavirus nadie piensa en política, con excepción de los actores políticos, que aprovechan la coyuntura de la emergencia sanitaria para hacerse presentes en el humor social y estar posicionados rumbo al futuro que viene.

Un día me platicó Monárrez, que Manlio Fabio Beltrones le comentó los políticos duranguenses estaban un tanto cuanto locos, esto porque todos querían ser gobernadores y más en estos tiempos en que se aproximan los juegos de la sucesión de Rosas Aispuro. Sin embargo, quien quiera ocupar su silla en el Bicentenario, tendrá que conseguir alrededor de 500 millones pesos. Dicen que “París bien vale una misa”.

Esta cifra no es una simple ocurrencia, sino es producto de un arduo estudio de investigación que realizara un grupo de investigadores encabezados por Luis Carlos Ugalde, publicados en el libro “Dinero bajo la mesa. Financiamiento ilegal de campañas políticas en México”.

Este libro revela que por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 25 pesos más que se mueven en la oscuridad. Hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado.

Relata el ejemplo de un empresario que desea financiar campañas ­electorales simula la compra de bienes utilizando empresas “fachada”, obtiene un comprobante de gasto legalmente válido aunque la compra/venta no se hubiera realizado, deduce impuestos y finalmente destina esos recursos para apoyar a un candidato. La industria textil puede financiar campañas en especie dando playeras y gorras a precio descontado o simulando la compra/venta con la expectativa de que el ganador le otorgue en el futuro contratos de uniformes; la industria alimenticia puede proveer despensas esperando la concesión de comedores hospitalarios o desayunos escolares; o la industria de arrendamiento de autos o equipo de cómputo, facilitando sus bienes a las campañas a cambio de la contratación de sus servicios en el siguiente gobierno.

Explica que una campaña promedio para gobernador puede costar más de diez veces que el tope legal. El tope legal promedio de todas las campañas de gobernador de las elecciones celebradas entre 2013 y 2018 en las 32 entidades fue de 51.6 millones de pesos constantes de 2018 (47.8 mdp corrientes), con variaciones que van desde 4.9 millones en el caso de Quintana Roo hasta 299 millones en el caso del Estado de México. Eso significaría que el promedio de gasto real ejercido de una campaña exitosa para gobernador puede rondar los 496 millones, con variaciones hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la entidad.

Esta obra, indica que estudios del Banco de México muestran que en los años con elecciones existe un aumento inexplicable por razones económicas en el uso de efectivo en el país. En las tres últimas elecciones federales (2012, 2015 y 2018) se observa un aumento promedio de 40,874 millones de pesos en el flujo de efectivo durante los meses previos a la elección, por encima de los flujos de años no electorales. En 2012 el flujo de efectivo aumentó más de 37 mil millones de pesos (5%) de febrero a junio, sin que hubiera un fenómeno estacional, de consumo o de crecimiento que lo explicara. En 2018 el flujo aumentó 58 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 4% de enero a junio. Nadie paga la movilización del voto con tarjeta American Express ni con cheque nominativo.

La operación de clientelismo para una campaña de gobernador en un estado de tamaño mediano cuesta 290 millones de pesos. Este gasto incluye la manutención de estructuras clientelares que es el principal rubro de gasto (promoción del voto y operación electoral). Asimismo, las prácticas clientelares de compra, coacción, inhibición y movilización del voto implican altas sumas de dinero para conseguir el mayor número de adeptos posibles, dinero que, naturalmente, no es reportado y permanece oculto. En este trabajo también se analiza el dinero que se destina de forma ilegal para pagar cobertura informativa, que también se hace en efectivo y sin comprobante alguno.

Mucho dinero creó una demanda artificial de requerimientos y muchos candidatos y operadores electorales descubrieron que hacer campañas, aun si perdían, podía constituir un buen negocio. De ahí el dicho de que “campaña que no da para rancho, no es campaña”.

Luego de esta lectura, entendí porque son los mismos candidatos de siempre y por qué los operadores o gurús electorales en formación de estructura como representantes de casilla y en movilizadores, terminan millonarios.

Escrito por Alberto de la Rosa

Profesor universitario y estudioso del derecho electoral.

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