Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

Apuntes sobre la novela de desamor “Presi Villano VS Santo Congreso”.

 Ya son 841 capítulos de la novela producción de Telerisa que se transmite diariamente por medios locales del Estado de Durango; desde su lanzamiento, el 31 de Agosto del 2016,ha captado la atención de la población, algunos por querer ver al Presi Villano de la novela siendo sentenciado y destituido, otros defendiéndolo por sentir empatía con los pobres colaboradores que se podrían quedar sin su lucrativo chivo quincenal.  

 

La historia dio de que hablar en el capítulo 832, del 11 de Diciembre del año en curso, cuando sale a pantalla el Santo Congreso iniciando un juicio político para destituirlo e inhabilitarlo por tres años y medio, tratando de impedir de esta manera que el Presi Villano pueda reelegirse en el 2019 y competir por la gubernatura en el 2022; algunos ya dudan de la verdadera figura de cada personaje de esta historia, ¿es realmente Villano el Presi?, ¿es tan Santo el Congreso?

 

Hace algunos años, José de Jesús Gudiño Pelayo, Jurista y Ministro de la SCJN, quien falleció en 2010, autor de varios libros entre los que destaca Controversia sobre controversia: discusión en torno al alcance de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias constitucionales, argumentó y votó en una novela muy parecida que salió a pantalla en el Municipio de Ensenada, en el Estado de Baja California, en la que precisamente el Presidente Municipal representado por su Síndico Procurador y Representante Jurídico legalmente facultado, (no como en Durango que el Juez Cívico quiere salir en pantalla), promovió demanda de controversia constitucional en contra del Congreso por iniciar un juicio político en contra de su representado. 

 

El Ministro comentaba que la controversia constitucional debía sobreseerse, por advertirse de oficio la falta de interés legítimo, la despersonalización de los órganos y su desvinculación con respecto de sus titulares, ya que la personalidad de los titulares nunca se confunde con la persona moral del Estado. 

 

En Durango, al igual que en aquel caso de Ensenada la legislatura local no puso en tela de juicio la responsabilidad del órgano en cuestión, sino que única y exclusivamente analizaban la probable responsabilidad de algunos miembros de éste. El Ministro precisaba que el hecho de que las legislaturas locales ejerzan sus facultades constitucionales de iniciar el procedimiento de juicio político, no puede dar lugar a una invasión de esferas; por lo tanto, dicha actuación no podrá dar lugar a una controversia constitucional, por no actualizarse el requisito de agravio que exige la acción. La controversia constitucional no debe declarar la invalidez de las resoluciones dictadas dentro de un juicio político por las legislaturas locales porque, precisamente, las legislaturas locales actúan en atención a facultades que no sólo sus constituciones, sino también la Constitución federal, les otorgan. 

 

Gudiño mencionaba que en controversia constitucional no deben ventilarse procesos extraordinarios en los que se reclamara la reinstalación de funcionarios públicos que, por virtud del ejercicio de una prerrogativa y mandato constitucional, han sido suspendidos previa la consideración del órgano competente de que su conducta lo hace indigno de ejercer el cargo y tampoco va con su naturaleza hacerlo; ni la controversia constitucional es un recurso de reinstalación, ni el juzgador debe asumir el papel de reinstalador de servidores públicos legalmente suspendidos por quien tuvo facultades para hacerlo. 

 

Puntualizaba en que admitir que la Corte, en vía de controversia constitucional, tiene facultades de revisión de las decisiones tomadas en juicios políticos locales, implicaría admitir que tiene la última palabra en materia de control político. Y esto, desde la perspectiva del control constitucional, es inaceptable. 

 

De igual manera consideraba que era evidente que en materia de responsabilidad política de funcionarios locales el constituyente federal determinó, en forma contundente que sean las propias autoridades locales las que los resuelvan y no los órganos federales. También que era evidente que la controversia constitucional en lo, esencial, es un instrumento de control constitucional que tutela, de modo básico, el sistema federal constitucionalmente impuesto, y ello hace que resulte absurdo que esta figura se utilice precisamente para lacerar las autonomías Estatales. 

 

Sin duda el Jurista y Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo,con su simpleza y elegancia de externar su criterio, nos da un norte para entender cómo puede llegar a resolverse la historia del Juicio Político de la novela de Durango, en la que cada parte tiene su razonamiento, cada uno defiende su postura en pantalla; y el pueblo, como siempre, solo recibe pan y circo.

 

Al final de cuentas este tipo de cuestiones siempre se resuelven por debajo de la mesa, seguramente algunos Diputados votaran en contra y lograran salvar al Presidente.¡No dejan de ser políticos!, ¿A poco no?

 

@AntonioBrachoM

 

 

Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

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