Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

Ciudadanos contra Partidos Políticos

El Sábado tuve la oportunidad de participar en el programa Foro del 12 que dirige Heber García Cuellar, en dicho programa asistieron los dirigentes del PRI, PAN y PANAL, fue de gran emoción para un servidor poder externar lo que la mayoría de los ciudadanos siente y que por tal motivo hoy las candidaturas independientes son una realidad. Comentábamos que los candidatos que surgen de los partidos políticos nunca van a velar por los intereses del pueblo, ya que por mantenerse en la jugada obedecen a su cúpula partidista, por lo tanto la sociedad es la única que puede romper esas cadenas de la partidocracia, las candidaturas independientes son una vía para hacerlo, pero también hay otra acciones y para ejemplificar comentaba de un grupo de 32 ciudadanos del DF que buscan por medio de un juicio de amparo la protección de la justicia federal ya que consideran se les han violentado sus derechos, puesto que en la pasada contienda electoral del 2015 dentro del gasto que la federación destinó a los partidos políticos se destinó recurso específicamente para la promoción del voto del proceso electoral, buena parte del cual no se ejerció, 286 millones para ser claros, y en lugar de que los partidos lo devolvieran a la Tesorería de la Federación el INE les permitió que lo ejercieran con los gastos ordinarios, violentando la ley, ya que son recursos diferentes y no se pueden ejercer de esa manera.

La participación de la sociedad en la vida democrática es algo fundamental para el desarrollo de cualquier país, y la ciudadanía mexicana no es la excepción, al respecto Miguel López Olvera señala: “La participación e interacción de la población con el Estado son algunas de las nuevas tendencias de la democracia en el mundo. El acercamiento de los administrados con la administración pública va acotando aún más el actuar arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos que permiten la participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas que pueden afectar sus bienes, derechos y/o intereses”.

El pueblo hasta cierto punto considera que su participación en la democracia se limita al ir a votar el día de la jornada electoral, y está completamente equivocado, la democracia se ejerce todo el año. Este grupo de 32 ciudadanos del Distrito Federal nos han puesto el ejemplo, ¿Qué hace falta para que en Durango la sociedad sea más participativa y vigilante?, ¿Cuándo veremos a Duranguenses solicitar amparo como lo hicieron los ciudadanos del Distrito Federal?

Con tristeza vemos que aquel candidato en Durango que llega a ganar en las elecciones termina “legitimado” por solo un mínimo de la sociedad, ya que al salir a votar solamente un 40% del padrón electoral provoca que ese candidato que haya ganado con el 30% de los sufragios emitidos solo este legitimado por un 12% si bien le va. ¿Cómo podemos hablar de participación ciudadana y vigilancia si precisamente el día de la elección no lo hacemos?, ¿Por qué si gastamos un enorme recurso en nuestras elecciones no obligamos a los partidos políticos a rendir buenas cuentas y regresar el dinero que no se utilizó o ejercieron inadecuadamente?

Luis M. Pérez de Acha y José Roldan Xopa afirman que: “Si somos los destinatarios de las campañas políticas que buscan que votemos por alguna de las alternativas que los partidos políticos nos ofrecen, entonces los procesos electorales y su funcionamiento con recursos públicos nos atañen y conciernen directamente. Por otra parte, al pagar impuestos los ciudadanos asumimos una cualificación especial en el amparo, para exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones que a su cargo se imponen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

​En referida Convención de las Naciones Unidas el Estado Mexicano se obligó en respetar el párrafo tres del artículo 7 que textualmente establece: “Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos”.

Para que la ciudadanía sea más participativa y vigilante al poder es precisamente emprender acciones como la que efectuó el grupo de 32 ciudadanos, donde al ver que el marco jurídico de la Ley de Medios de Impugnación Electoral no permite a los ciudadanos ejercer acción contra el resoluciones del Instituto Nacional Electoral referentes al tema que se trata en este texto, vieron en el juicio de amparo el medio de protección para exigir a la autoridad respetar la Constitución.

Los 32 ciudadanos sustentaron su acción en el sentido de:

a) Son ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

b) El financiamiento a los partidos proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos.

c) El financiamiento a las campañas electorales es un recurso público etiquetado cuyo destino no puede cambiarse unilateral y arbitrariamente por el INE.

Este último inciso es el que pone el punto a tratar ya que todos los años se le destinan recursos a los partidos políticos para sus gastos ordinarios, y cuando es año de elecciones se le destina un recurso etiquetado específicamente para la promoción del voto, por lo tanto, al no haber ejercido los partidos políticos 286 millones de pesos de gastos específicos, ese recurso debe ser devuelto a la Tesorería de la Federación, situación que el INE no solicitó a los partidos políticos, al contrario, les permitió combinarlo con sus recursos para gastos ordinarios, lo que violenta el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Federal, que establece los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” en la administración de los recursos públicos del Estado. De lo anterior deriva la cualidad específica de los ciudadanos para acudir al amparo aduciendo un interés legítimo.

​Es urgente y de suma importancia que la ciudadanía asuma de una vez por tu todas su obligación de conocer y ejercer sus derechos políticos, no podemos dejar en manos del Estado la responsabilidad de difundirlos, es obligación de los ciudadanos estar informados y conocerlos, en medida de que grupos de ciudadanos y asociaciones civiles ejerzan acciones haciendo valer sus derechos fundamentales provocaran un efecto positivo en los demás ciudadanos, depende de nosotros cambiar las cosas, y un pequeño grupo puede abrirle los ojos a todo Durango, en nosotros queda seguir encadenados o de una vez por todas romper las cadenas que nos atan a la partidocracia y al mal gobierno.

 

Twitter: @AntonioBrachoM

 

 

Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

Sin Comentarios

¿Te gusto este artículo? deja un comentario...

Deja una respuesta

  • (will not be published)