Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

El derecho humano a ser votado

  La impartición de justicia en México dio un giro radical a partir de la reforma constitucional de 2011, con la que se reconocieron los derechos humanos plasmados en los tratados internaciones de los cuales nuestro país forme parte.
De este nuevo paradigma se derivan los principios pro persona y de proporcionalidad, esto es, que los juzgadores deberán resolver controversias buscando siempre en todo el beneficio de la persona con relación al uso y disfrute de sus derechos humanos. 

Esta visión se traslada también al ámbito político-electoral en donde diversas convenciones internacionales signadas por el Estado Mexicano, elevan los derechos políticos del ciudadano a la categoría de derechos humanos, tales como el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, los cuales gozan de jerarquía superior, equiparable a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor, el derecho a votar y a ser votado, se encuentran en los catálogos de los instrumentos internacionales anteriormente citados, los cuales fueron la pauta para que en México se legislara sobre la creación de las candidaturas independientes, gracias a los litigios que emprendiera en su momento Jorge Castañeda y que se ventilaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuya sentencia ordena a México quitarle a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas a cargos de elección popular.

Por estos motivos, es que muchas leyes electorales de las entidades federativas fueron desproporcionadas cuando regularon las candidaturas independientes, vulnerando el derecho fundamental a ser votado pues se establecieron condiciones fuera de lugar como el no haber militado en partidos políticos, no haber desempeñado con anterioridad cargos públicos así juntar porcentajes altísimos de respaldo ciudadano mediante la firma y copia de credencial de elector; por eso siempre apunté que cualquier aspirante que se sintiera afectado en su esfera de derechos políticos podría iniciar con éxito un Juicio Ciudadano ante los tribunales electorales.

Bajo todo este contexto, se preveía que los ciudadanos a quienes se les negó ser candidatos independientes ya que a consideración de la autoridad electoral no cumplieron satisfactoriamente el requisito de las firmas como respaldo ciudadano, iban a salir con éxito en la promoción del Juicio de Defensa y Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, porque los porcentajes fijados en la Ley Estatal son desproporcionados a los que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como la propia Comisión de Venecia para las Buenas Prácticas Electorales.

Además de todo esto, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Raul Montoya Zamora, es un jurista apasionado de los derechos humanos; en sus sentencias se ve la influencia que ejercen sobre él las teorías principialistas y pro persona de los pensadores contemporáneos como lo son Luigi Ferrajoli y Ronald Dworkin.

En este sentido, el doctor Montoya, sentó un precedente importante al conceder las candidaturas independientes a Nacho Aguado y Miguel Cassio pues lo hizo en función de proteger su derecho humano de ser votados.

En el terreno jurídico es un hecho importante pero también en lo político, dado que este acontecimiento los posiciona en el electorado de manera considerable, sobre todo a Nacho Aguado, quien tiene dos años con activismo antipartidista y ahora vuelve fuerte en contra de dos viejos lobos de mar como lo son Jaime Fernández Saracho y Jorge Salum, así que reaparece como una tercera opción más fresca, no tan maleada y con el entorchado de haber vencido las barreras para hacerse de su candidatura independiente en el quinto distrito local, el cual está compuesto por la zona centro de la ciudad de Durango y donde se encuentra el voto duro anti-PRI.

Con esta experiencia, los candidatos independientes nos demostraron que sí se puede hacer política sin la necesidad de los partidos políticos y esperemos que sirva de ejemplo para fomentar la participación ciudadana y de esta manera, cambiar el estado de cosas.

Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

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