Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

El futuro que viene.- El gobernador propone

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Parafraseo al político y periodista francés Georges Clemenceau quien en su tiempo dijo que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares”, y al hacerlo, me pronuncio en el sentido de que “la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos”. Los ciudadanos se deben involucrar más en asuntos inherentes al Estado para no dejar a los políticos profesionales la toma de decisiones.

Lo anterior lo relaciono con el espectáculo cercano al vodevil (tomado como un espectáculo ofrecido  tanto fuera como dentro del escenario del recinto parlamentario), que ofrecieron los diputados al Congreso del Estado, a raíz de la propuesta, análisis, dictamen y discusión correspondientes a la propuesta, con nombre y apellidos,  del gobernador del Estado para que, dentro del plazo constitucional y legal establecido, el Órgano Legislativo  aprobara al fiscal anticorrupción  mediante una mayoría calificada de los diputados presentes al resolver acerca de la misma, y que en el caso fueron veinticuatro los presentes cuya mayoría calificada es dieciséis y la cual no fue obtenida porque solamente votaron a favor de la propuesta quince de los diputados presentes.

Un cronista parlamentario  avezado y que hubiera presenciado todo lo ocurrido tanto  en el Congreso del Estado, como en la sesión de la o las comisiones que intervinieron, en los pasillos legislativos y en los diálogos tras bambalinas, así como que hubiera escuchado y valorado las razones de las partes en pugna para aprobar o no la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, podría haber transmitido a los interesados el escenario íntegro del espectáculo en el cual se resolvió no aprobar tal propuesta.

No es el caso. Para  escribir sobre el tema en buena medida y sin prejuzgar acerca de la veracidad o falsedad de lo ocurrido, únicamente  se resaltará que, dentro del contexto de división de poderes vigente en el Estado a partir del 15 de septiembre de 2016, el gobernador propone al Congreso y éste dispone, tal y como definió el primero de septiembre de 1997 el diputado Porfirio Muñoz Ledo al contestar el tercer informe de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo cual se debió a que por primera vez, el partido de la revolución institucionalizada dominante no tuvo mayoría absoluta (menos tuvo calificada) en la Cámara de los Diputados, lo cual devino para que, también por primera vez, un diputado de la oposición verdadera presidiera al Congreso de la Unión y que se obtuvo con mayoría de votos suficiente, pero a contracorriente del Gobierno generada desde la secretaría de Gobernación  mediante la cual se pretendió dar un golpe de mano, cercano al golpe de estado, para que ello no tuviere lugar.

Luego pues, en concreto, en Durango el gobernador propuso y el Congreso el Estado dispuso, sin que la “sangre de la disensión llegara al río” de la ruptura del diálogo que en busca del consenso es usual que se dé dentro del contexto de la división de poderes, la cual tuvo su origen en el lejano año de 1977 en el cual se aprobó la reforma política, y cuya tendencia se acentuó a partir de las elecciones federales de 1988.

Las descalificaciones de los grupos en pugna, con o sin razón, con o sin fundamento, deben pasar a segundo plano y quedar solamente como consecuencia  de una práctica parlamentaria propia de los regímenes democráticos.

Al margen de la capacidad del jurista propuesto como fiscal anticorrupción o de los razonamientos esgrimidos para que se aprobara o no aprobara la propuesta, con nula, parca o suficiente  motivación  en un sentido u otro, lo resuelto ya forma parte de la historia legislativa local.

El gobernador del Estado, con los reflejos políticos que le caracterizan, tanto en forma expresa como tácita, aceptó lo que el Congreso del Estado dispuso en relación a lo que él propuso.

Seguramente los asesores del gobernador tomaron debida nota de lo ocurrido para que, ya fuere por aspectos de forma (en el oficio divulgado vía redes sociales no se esgrime motivación alguna) o de fondo, no  se pueda consensuar en el terreno legislativo la aprobación de lo propuesto por el ejecutivo y que la no aceptación no vuelva a suceder en los tiempos por venir del presente sexenio.

21 de julio de 2017.

Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.