Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

El futuro que viene.- La constitución ¿a debate?

El Maestro Alberto de la Rosa Olvera y otros distinguidos juristas de la localidad han hecho notar el contenido del artículo 55 de la Constitución que trata acerca de los requisitos de elegibilidad que deben satisfacer los aspirantes a una diputación federal o bien a una senaduría; precepto que se reformó mediante decreto publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que se tradujo en la siguiente adición  a la fracción V de dicho precepto, en el sentido siguiente: “Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;…”

Para el caso de satisfacer el requisito de elegibilidad para ser senador de la República, el artículo 56 de la Carta Magna cita que se requieren los mismos requisitos establecidos para ser diputado federal, salvo la edad que deberá de ser de un mínimo de veinticinco años de edad.

El objeto de la reforma es para evitar que desde la presidencia se canalizaren recursos materiales y humanos a favor del o de los candidatos que serían muy factible que se dieren al saber que el candidato podría regresar a cumplir su encargo como presidente municipal durante el tiempo pendiente de terminar su encargo.

De acuerdo a tal reforma, la alcaldesa de Gómez Palacio y el alcalde capitalino deberán de separase definitivamente del cargo de presidentes municipales para el cual fueron electos, lo cual, al parecer, no hizo la primera puesto que dijo que pedía licencia temporal ya que una vez obtenido el triunfo y tomado posesión del cargo de diputada federal, se separaría del mismo para regresar a desempeñar el cargo de la presidencia municipal de Gómez Palacio. El segundo aún no plantea la separación ni temporal ni definitiva, pero al hacerlo, ni duda cabe que deberá pedir la licencia definitiva del cargo en ejercicio.

Si no se han separado definitivamente de los  cargos   la alcaldesa y el alcalde aludidos, todavía tendría tiempo para hacerlo ya que la norma constitucional indica que la separación debe darse noventa días antes de la elección, y que tendrá lugar el 1 de julio próximo.

No se concibe que a estas alturas los organismos electorales pasen por alto alguno de los requisitos constitucionales previstos en las normas citadas, ya que es conveniente tener presente que los mismos, entre otros principios, deberán sujetar sus actos al principio de legalidad, y dado su alto grado de profesionalismo, no se considera que pasen por alto alguno de dichos requisitos.

Sin embargo, en el muy remoto pero remotísimo caso que se registrare algún candidato a diputado federal o a senador de la república sin satisfacer todos los requisitos de elegibilidad, el registro y la elección misma podrán ser impugnados por la vía jurisdiccional, de tal manera que, llegado el caso, el Tribunal Electoral de la Federación ya fuere en pleno o a través de la sala respectiva, al candidato o candidata así registrado(a) serían declarado inelegible y el suplente asumiría la titularidad del cargo.

Lo anterior tendría un antecedente (tal vez haya otros) de lo ocurrido en las elecciones federales de 1994 en las cuales fue registrado candidato a diputado federal por un distrito de Guanajuato,  y luego declarado electo un ciudadano que no había satisfecho todos los requisitos constitucionales, lo que trajo como consecuencia que la entonces Sala Regional de la Segunda Circunscripción con residencia en esta ciudad de Durango (entonces Durango y Guanajuato pertenecían a la segunda circunscripción), declarara inelegible al diputado electo y resolviera que el suplente asumiera la titularidad del cargo.

Luego pues, ante la clara disposición constitucional,  no se considera que los partidos políticos postulantes por sí mismos o vía coalición, se arriesguen a que alguno de sus candidatos no satisfaga los requisitos de elegibilidad puesto que quedarían en evidencia, por lo que se considera que le pedirían a los alcaldes de referencia que se separaran definitivamente del cargo antes de los noventa días de la elección, y si se rehusaren, los partidos políticos postulantes no tendrían otra opción legal más que sustituir al(la) candidato(a) por algún ciudadano militante o no de los mismos que sí satisficiere plenamente todos los requisitos.

Tal disposición constitucional evita que se dé el fraude ciudadano propio de los tiempos en los cuales aún no se reformaba tal disposición constitucional, tal y como en su momento fue notorio que se dio  cuando un candidato se retiró temporalmente de la presidencia, para, pasada la jornada electoral, asumir nuevamente la presidencia municipal para terminar su encargo y luego tomar protesta como diputado local.

Antes eran pocos los expertos en derecho electoral y constitucional. Ahora afortunadamente para el foro ya no son pocos sino en un número creciente de juristas que dominan los campos del derecho constitucional y electoral y que con certeza coinciden en lo expuesto y con suerte con argumentos más sólidos que los expuestos anteriormente.

Luego pues, la observancia de la constitución no está para debatir sino para que la misma se cumpla sin titubeos ni medias tintas.

9 de febrero de 2018.

Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

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