Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

El futuro que viene.- Nuevos tiempos legislativos

A partir del uno de diciembre de 1988 y derivados de las elecciones verificadas en el mismo año para la renovación de los poderes federales, se terminaron los tiempos del único legislador federal y de los únicos legisladores estatales que lo eran, respectivamente, el presidente de la República y los gobernadores de los Estados, puesto que tenía el casi (se le podría quitar el casi) monopolio de las iniciativas legislativas, las cuales se aprobaban sin cambio esencial alguno. A veces ni siquiera en la forma.

Los tiempos legislativos cambiaron lentamente y a veces la facultad legislativa a partir de la iniciativa, con inclusión de reformas al contenido de la misma, se empezó a compartir entre los grupos parlamentarios y el respectivo titular del poder ejecutivo federal y de los locales.

Como consecuencia de los resultados electorales del pasado uno de julio, que permitieron que tuvieran mayoría absoluta los legisladores de los partidos bajo cuyos banderas se dio la victoria del presidente electo, tanto a nivel federal como a nivel local, se ha observado que las iniciativas de nuevas leyes o de reformas y adiciones a las existentes, son presentadas por grupos legislativos o legisladores afines totalmente al próximo presidente de México y que reflejan fielmente las promesas de campaña de éste, y por tanto, son aprobadas sin dilación ni cambio alguno..

Lo señalado al final del párrafo anterior ocurre tanto en el ámbito federal como en los estatales y en la Ciudad de México, de tal suerte que bien pudiera regresarse a los viejos tiempos en los cuales los titulares de los poderes ejecutivos tenía el cuasi monopolio legislativo, pero ahora con apariencia de autonomía legislativa lo cual implicará, en algunos casos, dejar fuera de la discusión al titular del poder ejecutivo correspondiente (especialmente al federal), y que éste, llegare el caso, pudiere evadir señalamiento que le demeritare su quehacer administrativo y dejare intacta su fortaleza popular. Inclusive, podría llegar al ejercicio del derecho del veto.

Es conveniente estar al tanto de cómo se ejerce la división de poderes, y de cómo los poderes legislativos, en los dos órdenes, recuperan, en apariencia o en esencia, su autonomía legislativa.

En el caso de Durango, en una sesión cualquiera (lo cual no es privativo de los legisladores locales), de acuerdo al orden de la sesión del Congreso, se toma nota de las iniciativas de leyes y de reformas y adiciones que se presentan, la mayoría acordes, como ya se dijo, a lo asumido en campaña por el ahora presidente electo; iniciativas que compiten con el número de acuerdos que los legisladores o los grupos parlamentarios presentan (ahora con la novedad del cariz que se pretende dar a todos ellos) de obvia y urgente resolución.

Por lo que se refiere a las iniciativas de leyes y de reformas y adiciones, su número no es indicativo de la funcionalidad o del cumplimiento de las funciones legislativas de los legisladores y de los grupos legislativos.

La calificación legislativa de los integrantes del poder legislativo siempre dependerá del contenido, trascendencia y, sobre todo, de su aprobación y del grado de positividad de las leyes, reformas y adiciones aprobadas, pues si carecieren de la misma, es como si no hubieren presentado iniciativa alguna.

Mientras que en lo que concierne a los acuerdos ya fueren o no de obvia y urgente resolución, solamente, en la mayoría de los casos, dan pie para la nota legislativa del día y del haber del grupo  parlamentario o del legislador que los presentó, puesto que, salvo excepciones muy raras, solamente quedan en puntos de acuerdo, los cuales, al carecer de carácter vinculatorio, solo se dejan a la buena disposición de la autoridad administrativa que acepte su contenido y, lo más importante, que proceda en consecuencia para llevar a la realidad la esencia del punto de acuerdo y que normalmente es para hacer, pero a veces para no hacer o dejar de hacer alguna acción que lesiona los intereses de la colectividad.

Los estudiosos del quehacer legislativo, y más los historiadores, a partir del 1 de julio del presente año y de la praxis legislativa presente y futura, tendrán sobrados elementos para su análisis e inclusión en  los anales de la historia, así como para medir la calificación de los legisladores, más con la presentación y aprobación de iniciativas de leyes y de reformas y adiciones, que con acuerdos aun cuando éstos sean aprobados con las características de urgentes  y obvia resolución.

22 de octubre de 2018.

Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

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