Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

El futuro que viene.- ¿R.I.P a la CONAGO?

 Ante los nuevos tiempos electorales que se viven y vivirán en el futuro mediato e inmediato, es dable preguntarse acerca de la supervivencia o la declinación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) hasta llegar a la extinción de la misma.

Lo anterior viene a propósito del escrito publicado por doce gobernadores cuyo origen radica en el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual se quejan de la marginación de que han sido objetos en la toma de decisiones del presidente electo, en materia de seguridad y  de administración de recursos federales, materias en las cuales, según expusieron, estarán a cargo, en las entidades federativas, de los coordinadores generales (calificados como súper) y que dependerán directamente del presidente de la República a través de un coordinador general que solo atenderá las instrucciones de aquél, para lo cual, ya más de un analista o gobernador visualiza judicializar la decisión a través de uno de los procesos de defensa de la Constitución (controversias constitucionales), y cuya resolución le correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto habría que recordar que la CONAGO fue creada y promovida por gobernadores que tenían su origen en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la gestión presidencial de Vicente Fox Quezada, con la finalidad de que los gobernadores unidos, pudieran confrontar y obtener ciertas ventajas  y recursos de la Federación, para lo cual tenían como soporte el hecho de que el partido en el poder al que pertenecía el presidente Fox, no tenía mayoría absoluta y mucho menos calificada en las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

Bajo tal tesitura, en los dos siguientes sexenios subsistió la CONAGO y más en el siguiente encabezado por un presidente señalado por la duda de si ganó o no la elección. En el  presente, la funcionalidad de la CONAGO disminuyó ante la concurrencia de dos hechos: primero, que el PRI recuperó la presidencia; y segundo, en atención a que la administración del presidente Enrique Peña Nieto contó, al iniciar su gestión y casi durante todo el sexenio, con el manto protector del Pacto por México.

Ahora, a cinco días de tomar posesión del presidente de la República, altamente blindado y legitimado con la votación emitida a su favor para alcanzar la presidencia, que hacia el interior del Congreso de la Unión tiene mayoría absoluta para que se dé la aprobación de las iniciativas de leyes y decretos que se presenten y bajo cuya marco jurídico, ha planteado que le servirá para cumplir lo prometido, obviamente, cuando el caso lo amerite, de previa reforma a la Constitución para que aquéllas tengan el sustento legal requerido para su aprobación y vigencia. En el entendido de que, si los gobernadores se opusieren a las reformas constitucionales, tendrían en su contra el voto popular en contra, el cual, por otra parte, se tradujo  a que el presidente de la república (los partidos que lo apoyaron), dominan más de la mitad de las legislaturas para que el llamado constituyente permanente pueda aprobar las reformas a la Constitución, voto popular que permitiría para que el partido del presidente y sus aliados, con cierta facilidad pudieran o podrían alcanzar la mayoría calificada en ambas Cámaras (334 votos en la de los Diputados y 86 votos en la de Senadores) necesaria para que se aprobaren las reformas constitucionales requeridas por aquél para llevar adelante sus planes para alcanzar la cuarta transformación prometida.

Por otra parte, dentro del contexto de la protesta del PAN, se requiere tomar nota que solo son doce gobernadores de dicho partido, mientras que del PRI también son doce que no se sumaron a aquéllos, uno independiente, otro del Movimiento Ciudadano, otro del Partido de la Revolución Democrática y cinco (por ahora de MORENA-Partido del Trabajo).

Luego pues, los gobernadores desunidos, ante la fuerza legitimadora del presidente de la República y ante el dominio legislativo en la mayoría de los congresos locales y la mayoría absoluta en ambos cámaras (muy próximas a negociar la calificada), no se considera viable la persistencia y menos la obtención de resultados positivos de las quejas planteadas por los doce gobernadores del PAN.

A lo anterior se agrega que en el artículo 124 constitucional se consigna la fórmula para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas, mientras que en el artículo 73 se establecen principalmente las facultades legislativas del Congreso de la Unión, las cuales se han acumulado en los sexenios precedentes y en el actual en perjuicio de aquéllas.

Luego, sus reclamos y protestas no se traducirán en hechos positivos para ellos, y más si se toma en cuenta que, lo que en el fondo está en disputa, es el hecho de que en materia de programas sociales, la conducción de los mismos estará a cargo de los delegados generales; programas que en el fondo siempre han tenido objetivos político-electorales, y los cuales, se presume, que ahora le servirán al partido del presidente,  a establecer, organizar y operar  estructuras ciudadanas en el resto del sexenio,  para así ampliar su dominio político electoral en  las entidades federativas y municipios del país.

Sin embargo, se les deja el beneficio de la duda en el sentido de si podrán o no obtener que se den marcha atrás por parte del gobierno federal presidido por AMLO, en aspectos reclamados por ellos y que consideran claves para, a su vez, su supervivencia político-electoral en los tiempos político-electorales futuros.

26 de noviembre de 2018

 

 

 

 

Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

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