Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

El futuro que viene.- Visto lo nunca visto

La caravana llamada por la dignidad de Chihuahua arribó no solo a la Ciudad de México sino también a la consecución de la meta señalada: la Federación acordó con el gobierno del Estado de Chihuahua que se le otorgara la cantidad de 900 millones de pesos previamente pactada; que se pidiera sin más dilaciones la extradición del ex gobernador de dicho Estado al gobierno de Los Estados Unidos de América en donde se presume que el mismo radica desde finales de 2016; y que quedaran sin efecto las sanciones impuestas a las autoridades ministerial de dicho Estado por la Procuraduría General de la República.

A cambio de lo concedido, el gobierno del Estado de Chihuahua y las organizaciones civiles adherentes acordaron dar por terminada la caravana iniciada y, además, el primero estuvo  de acuerdo a que un ex dirigente nacional del partido en el poder que por ahora tiene el carácter de imputado y  goza del derecho de presunción de inocencia, fuera trasladado a un centro de reclusión federal con la intervención de organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos, para constatar que no se diera violación alguna del imputado sujeto a proceso y privado de su libertad en forma precautoria o preventiva, y lo cual se dio con estricto apego a las normas constitucionales y legales aplicables.

La caravana y los acuerdos se dieron dentro de un contexto de división de poderes que no se podrían haber dado si el gobierno del Estado de Chihuahua hubiera estado sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo Federal, ello derivado de que ambos gobiernos hubieran tenido su origen en el  mismo partido que bajo sus banderas los hubiera conducido al ejercicio del poder.

Al margen de los acuerdos convenidos y dentro de cuyo contexto no se percibe violación alguna al marco jurídico y menos al principio de división de poderes y al régimen federal que impera formalmente (se desea que también en los hechos) en México de acuerdo con la Constitución General de la República, es deseable que nunca más vuelva a darse desavenencias similares a la referida y para lo cual solo se requiere que las partes que ejercen el poder en forma descentralizada, coordinada y concurrente, cumplan con las disposiciones constitucionales y legales en vigor.

El tema aludido obliga a replantear las licencias definitivas planteadas en el universo político nacional por los elegidos para desempeñar un cargo de elección popular durante un tiempo preciso establecido en las constituciones federal y locales, en el sentido de que si es cierto que tienen los electos el derecho a ser votados, también tienen la obligación de ejercer el cargo para el cual fueron elegidos precisamente por el tiempo determinado, pues no hacerlo, se estaría vulnerando el derecho de la colectividad que con su voto los eligió para cumplir su encargo durante el tiempo previamente previsto.

Se es consciente que en el Estado de Baja California se modificó la ley local para evitar las licencias definitivas de un funcionario electo por la voluntad ciudadana, pero que la reforma de referencia fue declarada inconstitucional por violar el derecho humano de aquél para ser votado a un cargo de elección popular distinto al que ejercía y al que había pedido licenciado definitiva para poder estar en condiciones de ser elegido nuevamente.

Sin embargo, al margen de los antecedentes y de los puntos de vista encontrados que se pudieren dar, en Durango es inconcebible que la alcaldesa de Gómez Palacio “haya cantado” que solamente pidió licencia al cargo que ejercía para ganar el distrito federal número dos de Durango, pero que luego pediría permiso para regresar a presidir el Ayuntamiento de Gómez Palacio por el tiempo de tres años para el cual fue electa.

En otras y pocas palabras, su actuación aludida se podría equiparar a una especie de fraude ciudadano, puesto que, en su momento, dijo que quería ser presidenta municipal para servir a los habitantes del municipio, y ahora plantea que se retira temporalmente para ganar el distrito y que luego regresaría a continuar en el ejercicio del poder municipal. O sea, los electores del segundo distrito electoral cuya mayoría es de Gómez Palacio, más que votar por la alcaldesa que irá como propietaria en la fórmula, los harían por la suplente quien tiene los méritos para ser y que por sí sola podría tener también la opción de vencer dada la debilidad de la oposición al partido oficial en ese distrito de tiempo atrás.

En los corrillos de Durango se ha filtrado la versión de que el alcalde capitalino también podría pedir licencia temporal para obtener el cargo de senador de la República, pero que luego regresaría a terminar el encargo como presidente municipal de Durango, seguramente para tratar de reelegirse el año próximo (mismo objetivo que tendría la alcaldesa de Gómez Palacio) para luego ambos enfilar sus baterías en busca del poder sexenal en 2022 cuando habrá de renovarse el poder ejecutivo local.

Habrá que ver si los ciudadanos aceptar la decisión “cantada” ya por la alcaldesa gómez palatina  y la que podría darse también por parte del alcalde capitalino

En el fondo está la frase dicha por un político de relieve nacional: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, lo cual invariablemente ocurre cuando los entes colectivos ciudadanos contenidos en la palabra “pueblos” no dice nada y aceptan calladamente lo que los ciudadanos electos dicen y hacen en pos de sus intereses personales y al margen de los intereses prioritarios de la colectividad que gobiernan o que representan.

5 de febrero de 2018.

Escrito por Juventino Rodarte

Articulista del Periódico El Sol de Durango. Profesor Universitario Jubilado.

Un Comentario en “El futuro que viene.- Visto lo nunca visto”

  1. Francisco Ceceñas

    De acuerdo con usted, si fueron electos para un cargo deben terminarlo y por encima de su derecho a ser votados esta el derecho de los ciudadanos

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