Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

La falacia de los delitos electorales

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Javier Hernández, exdelegado de Sedesol, fue sorprendido con una bodega repleta de recursos públicos que se presumían eran desviados con fines electoreros. La Fiscalía del Estado lo exoneró.

El derecho penal es un medio de control social, pero también es un instrumento democrático. Dentro del ámbito de los límites democráticos, los delitos electorales se erigen como una  de las herramientas con las que cuenta la democracia para sancionar conductas que atenten contra derechos relacionados con la libre participación política, los principios que enmarcan una contienda en condiciones de equidad y neutralidad, así como de una adecuada función electoral.

Recuerdo que en pláticas con mis queridos maestros penalistas como don Juan López Ramírez y don Raúl Obregón, concluimos que el derecho penal electoral responde a la necesidad de salvaguardar bienes jurídicos de rango constitucional y conductas especialmente lesivas para el sistema democrático, entre ellos, el derecho al voto, a ser electo, a la consulta popular, a asociarse en materia política, la adecuada función electoral, la fiabilidad del padrón electoral, el combate al financiamiento irregular, el desvío de recursos públicos con fines electorales así como la prohibición de los ministros de culto religioso para influir en las contiendas electorales.

Sin embargo, lamentablemente todo queda en buenas intenciones legales porque los problemas surgen al momento de la implementación y ejecución de las disposiciones normativas en materia de delitos electorales.

Con relación a lo anterior, vemos que a tres años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la ejecución de la misma ha tenido muchas variantes, principalmente de tipo organizacional y estructural, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la citada norma, prevé la obligación de las entidades federativas de contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotadas de recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

En el caso del estado de Durango vemos que el tratamiento a los delitos electorales es paupérrimo, porque el legislador local optó por derogar el Título de Delitos Electorales del Código Penal para remitirse a la Ley General; y si no se ha podido designar un Fiscal Anticorrupción así como estructurar toda la fiscalía de la materia, menos se podrá pensar en tener una entidad para perseguir la comisión de delitos electorales; es más ni siquiera la Fiscalía General del Estado se encuentra sólida por las licencias médicas de su titular.

El espíritu de la reforma electoral de 2014, implicaba que tanto la FEPADE y las fiscalías estatales deberían de contar con suficiente personal especializado, actualmente la FEPADE no cuenta con auxiliares del Ministerio Público como policías y peritos especializados y adscritos a dicha dependencia; al finalizar el año 2016, la FEPADE solo contaba con siete policías comisionados al apoyo de las investigaciones sobre delitos electorales en todo el país y en dicho año electoral solamente se consignaron 1,228 carpetas de investigación.

Lo que comúnmente se hace, es que tanto la PGR como la Fiscalía del Estado, habilitan ministerios públicos para que conozcan acerca de la comisión de delitos electorales pero sin ninguna profesionalización de por medio.

Para colmo de males, en términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no considera a las conductas antidemocráticas como delitos graves, por lo que resulta improcedente la prisión preventiva oficiosa, lo que implica que cualquiera que cometa algún delito electoral podrá obtener su libertad provisional otorgando las garantías correspondientes, mismas que siempre son ofrecidas por los partidos políticos o candidatos.

Como podemos apreciar, la patología electoral como la compra de votos, “operación menudo”, “el carrusel”, “embarazo de urnas”, “operación tamal o zapato”, “el voto de los difuntos”, “el ratón loco”, “el crimen del Padre Amaro” y demás trapacerías no son delitos graves y peor aún, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, se quedó sin titular porque denunció que fue objeto de presiones por parte de hombres poderosos y su cese es impugnado por los partidos de izquierda, mismos que impulsaron su llegada a dicho puesto.

Con esta entrega vemos que dista mucho la teoría de las leyes a la práctica, finalmente todo cae en el interés perverso de los partidos y los poderes fácticos, quedando todo en una simple y llana falacia.

Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

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