Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

La imparcialidad de los servidores públicos

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Los espíritus de las dos últimas reformas electorales (2007 y 2014) fue ponderar el principio de equidad o igualdad de oportunidades para los involucrados en los procesos electorales, por lo que se le dio mucho realce al tema de la imparcialidad de los servidores públicos para evitar que distraigan sus funciones o programas públicos con el objeto de favorecer o perjudicar a determinado partido o candidato.

Para esto, se reformó el artículo 134 Constitucional en cuyos párrafos se restringió el uso de los programas públicos así como la difusión de los mismos con tal de evitar que fueran manejados con fines político-electorales que llevaran a generar situaciones de inequidad en una contienda electoral.

Si bien el Congreso de la Unión tiene en la congeladora legislativa a la ley reglamentaria del citado precepto constitucional, se colige cierta reglamentación en el articulo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; también su interpretación y aplicación ha sido ampliada por tesis emitidas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (Jurisprudencia 14/2012) y acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En este sentido, se ha limitado a todos los representantes populares a no hacer actos proselitistas a favor de partidos o candidatos y solamente se les ha constreñido a acudir a actos públicos en días inhábiles; saliendo de ese supuesto, podrían incurrir en violentar los principios de imparcialidad y equidad.

Precisamente el año pasado, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 66 en donde contempla todos los elementos indispensables para mantener la imparcialidad de los servidores públicos en los procesos electorales y expresamente prohibe al Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y servidores públicos en general a no acudir en días y horas hábiles a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad influir o promover el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato. El mencionado Acuerdo, condiciona a los servidores públicos de solicitar licencia al cargo para acudir a los actos referidos en el anterior párrafo.

Traigo todo esto a cuento porque muchos representantes populares ostentan cargos directivos en los partidos políticos, que tendrán que ser cuidadosos para no acudir a actos de campaña o apoyar a sus candidatos con actividades proselitistas pues las normas en cuestión son bastante claras e inflexibles.

Por ejemplo tres diputados locales en Durango ostentan cargos directivos en el mismo número de partidos políticos y lo mismo sucede con regidores en diferentes ayuntamientos en sus equivalentes municipales; también traigo esto a colación porque hace unos días se presentaron en nuestra localidad un grupo de senadores de las bancadas del PAN y del PRD para venir a apoyar abiertamente a su candidato en común a la gubernatura.

Los senadores que acudieron a rueda de prensa en apoyo total a la candidatura de Aispuro están en activo, no se encuentran separados del cargo y además, están en periodo ordinario de sesiones.

Igualmente, el acuerdo en comento, ordena a los candidatos a no acudir a actos de gobierno y en este tenor, los candidatos y candidatas del PRI deberán estar alertas porque sin duda querrán acudir al mensaje que dará el gobernador este próximo 16 de marzo con motivo de su último informe de actividades.

Como podemos apreciar, el proceso electoral en curso va a ser complicado por la implementación de nueva legislación electoral así como la participación simultánea de dos autoridades organizadoras como es el INE y el OPLE de Durango; el problema es que tanta sobrerregulación inhibe la participación ciudadana pues provoca que se realicen campañas discretas y en corto tiempo.

Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

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