Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

Matrimonio igualitario: entre la convencionalidad y los convencionalismos

Foto tomada del portal de El Informador.

En el discurso de los juristas, investigadores y demás integrantes distinguidos del mundillo jurídico, se escucha con harta frecuencia la expresión “el nuevo paradigma de los derechos humanos a través del control difuso de la convencionalidad”, esto a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011 en donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los derechos humanos consagrados tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales en donde el Estado Mexicano sea parte.

¿Pero qué es esto? ¿De qué se trata el control de la convencionalidad? A simple vista, es que la pirámide de Kelsen de la jerarquía de las leyes que nos enseñaran en las aulas universitarias los maestros Raúl Ríos Güereca, Jesús Alfredo Reyes Santaella o Luis Tomás Castro Hidalgo en sus cátedras de introducción al estudio del derecho, fue cincelada en su vértice, pues ahora los tratados internacionales en materia de derechos humanos gozan de superioridad legal en nuestro sistema jurídico mexicano pero además, las autoridades podrán no aplicar una norma cuando ésta vaya en contra de los derechos fundamentales.

Para comprender mejor lo hasta aquí relatado, quiero hacer un ejercicio imaginario y a guisa de ejemplo tomaré las nupcias entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, el cual de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los Códigos Civiles de las entidades federativas que califican al matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer para perpetuar la especie son inconvencionales, porque son a todas luces discriminatorios. Bajo este contexto, vayamos ahora al ejemplo bajo dos casos hipotéticos:

¿Qué pasaría si una pareja de homosexuales se apersonan en la Oficialía Número 21 del Registro Civil y le presentan a la titular, la Maestra Zina Ruiz de León, su intención de contraer matrimonio y acuden a su presencia para que los case conforme a la ley de los hombres como vulgarmente se dice?

En un primer momento, imaginemos que la licenciada Zina Ruiz, sabedora de la jurisprudencia emitida por la Corte y convencida del nuevo paradigma de los derechos humanos, considera que el Código Civil vigente en el estado atenta contra los derechos fundamentales pues no contempla el matrimonio igualitario por omisión legislativa, y sin empacho decide casar a esa pareja homoparental.

Pero vayamos a la otra posibilidad, la situación en que la abogada Zina Ruiz diga que no a tal solicitud porque en un criterio formalista, les argumenta a esas personas del mismo sexo que el Congreso del Estado no ha reformado el Código Civil para que puedan contraer nupcias por lo tanto, no puede atender su petición. Acto seguido, la pareja abandona el lugar y decide tramitar un juicio de amparo invocando la jurisprudencia que hemos hecho mención en párrafos anteriores, de los cual se tendrían altas posibilidades que el juez de distrito le ordene a la Oficial del Registro Civil Número 21 de esta ciudad capital, proceda a casar a dicha pareja y tendrá que obedecer para no verse involucrada en una controversia de responsabilidades por desacato a una orden judicial.

Cabe hacer mención que este último caso se suscitó en Puebla en donde una pareja conformada por dos mujeres pudo casarse legalmente a través de un amparo y ayer, el ministro José Ramón Cossio en su artículo de El Universal, confirma que ése sería el procedimiento a seguir ante las negativas de los oficiales o jueces del registro civil en las entidades federativas si es que las legislaturas no quieren hacer la adecuación correspondiente a la norma civil.

Esto es grosso modo el nuevo paradigma de los derechos humanos y sería interesante saber cuál sería la decisión no solamente de la respetable abogada Zina Ruiz sino de todos los oficiales del Registro Civil, pero este ejemplo es uno de muchos de cómo vino a cambiar el mundo jurídico la reforma constitucional de 2011 pues de ahí nos trasladamos a cualesquier rama con los debidos procesos legales en donde resalta el de Florance Cassez y en materia electoral, con la tutela de los derechos políticos, tales como el derecho a ser votado y en tal consecuencia, el tribunal federal pudiera fungir como cerrajero al tumbar todos los candados de la ley de la materia aunque se vengan los tiempos encima como al payaso Lagrimita en Guadalajara, Jalisco; pero esto será materia de la próxima entrega.

@MtroDelaRosa

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Escrito por Alberto de la Rosa

Articulista del Periódico Victoria de Durango y estudioso del derecho electoral.

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