Escrito por Lecturas Politicas

Medir la riqueza a través del INEGI es un disparate más, afirma Luis Enrique Benítez

Morena desvía atención del manejo de la pandemia y crisis por desempleo: PRI

“La propuesta del dirigente nacional interino de Morena en el sentido de que se faculte al INEGI para “medir la riqueza” de los mexicanos, es un disparate más que pretende, como ha sucedido en otras ocasiones, desviar la atención de la opinión pública, sobre el pésimo manejo durante la pandemia de COVID-19, la crisis de empleo que por ella se enfrenta y la militarización del país”, afirmó Luis Enrique Benítez Ojeda.

Esa ocurrencia se trata de un atentado al derecho de propiedad privada, un derecho que incluso está asentado en convenios internacionales en los que México participa y uno de los derechos más sagrados para cada individuo, agregó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Sostuvo que en la realidad “hay un doble discurso, al decir que hay que confiar en el pueblo y, por el otro lado, meterle un funcionario público a la casa. Lo que preocupa aquí son las intenciones de Morena de querer crear un marco legal que enfrente a las familias mexicanas con las instituciones públicas”.

Benítez Ojeda comentó que aunque diversos actores emanados del partido en el poder salieron durante el día a desmentir la intención de vulnerar los derechos de los ciudadanos a través de esta iniciativa, es evidente que Morena y su gobierno “miden” las reacciones de los mexicanos ante el estado fiscalizador y hasta persecutorio que pretenden establecer, agregó el entrevistado.

“Porque es evidente que el INEGI no es el ente adecuado para fiscalizar. Esa no es su función; fue creado con otros fines como el generar información útil para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, censos, estadística y ya existen otras instancias que hacen las tareas de revisión patrimonial como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República, que en todo momento pueden preguntar y verificar los bienes, activos, propiedades no solamente de los políticos o los servidores públicos, sino de cualquier empresario o ciudadano en el país.

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