Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

¿Uso de recursos públicos en Precampaña de Claudia Hernández?

 

Usted lo conoce, es Asesor del actual alcalde de Durango, tiene un  sueldo de $45,000.00 mensuales más percepciones adicionales en dinero y en especie, compensaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, prestaciones económicas y en especie, su nombre… Víctor Hugo Castañeda Soto.

Según la Unidad de Transparencia e Información Municipal, a través de su portal de internet, http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/VIII, donde se hace pública la información de la remuneración de todos los servidores públicos del ayuntamiento, Víctor Hugo Castañeda Soto aparece como adscrito al área de Presidencia, con el puesto de “Asesor A”. En la lista aparecen 3824 servidores, de los cuales solo el 1%, es decir 40 servidores, reciben sueldo arriba de $45,000.00 mensuales, y Víctor Hugo es uno de esos afortunados.

Lo que no se sabía era que dentro de sus asesoramientos a la Presidencia Municipal se contemplara acompañar a la precandidata Claudia Ernestina Hernández Espino a sus ruedas de prensa en días y horas dentro de la jornada laboral y no dudo también asesore a la precandidata en temas electorales, ya que Víctor Hugo fue Presidente del Partido por lo que su asesoramiento sería de mucha utilidad.

Víctor Hugo se podría justificar en decir que ese día no estaba en funciones de servidor público, o que pidió el día, pero en realidad es un tema por demás tratado en los Tribunales Electorales donde ha quedado por demás aclarado que esas participaciones en días y en horarios de trabajo violentan el principio de imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos.

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus párrafos séptimo, octavo y noveno, establece:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

En este sentido, la vigente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

[…]

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

 

Respecto del ámbito local, en la Constitución Política del Estado de Durango se establece lo siguiente:

Artículo 64.- Los servidores públicos estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias y con sujeción a la ley, garantizarán la libertad del sufragio y la imparcialidad en el uso de los recursos públicos; y estarán obligados a abstenerse de participar para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

El incumplimiento en que incurra cualquier servidor público dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

Pero… ¿Qué sanciones se le pondrían imponer a Víctor Hugo?, pues la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece:

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Víctor Hugo Castañeda Soto siendo “recurso humano del Gobierno Municipal” que se interpreta como “recurso público”, tuvo una participación directa e inmediata en la rueda de prensa donde Quiñonez declinó a favor de Claudia, en este caso Víctor Hugo incurrió en una violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, en su papel de Asesor adscrito a la Presidencia, al asistir en día y hora hábil a un evento público que tenía como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor de un aspirante, de un precandidato, y la beneficiada de ese “recurso público“ fue Claudia Hernández.

 

Escrito por Antonio Bracho

Abogado litigante. Presidente de la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento.

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