Escrito por Lecturas Politicas

Buscan prohibir que funcionarios  accedan a programas sociales

 Podrían ser inhabilitados hasta por 10 años 

 La diputada María Elena González Rivera presentó la iniciativa de reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de inhibir y sancionar las conductas de los servidores públicos que se beneficien de programas sociales y en el caso que lo hicieran sean destituidos del cargo, además  de inhabilitarlos en el servicio público hasta por 10 años.

 “Es por ello, que las políticas de combate a la pobreza, los apoyos al bienestar social y los programas de fomento económico no deben pervertirse para que los beneficios lleguen a los servidores públicos, ni a sus amigos, ni a sus parientes, ni a sus aliados políticos; porque además de ser una conducta ilegal es también inmoral”, resaltó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN

 En este sentido, explicó que se  busca  equiparar al delito de servicio abusivo de funciones, en los casos de que algún servidor público de primer o segundo nivel reciban beneficios de programas sociales o beneficios de cualquier programa de apoyo o ayuda dirigido a los particulares, a empresas o a cualquiera otro sector de la población por parte del Estado o municipios.

 Aunque la corrupción tiene muchos matices y vertientes, es una conducta que se vincula con el ejercicio del servicio público y la función gubernamental en todos sus niveles, por lo que desde el Congreso debemos hacer lo necesario para procurar inhibir y prevenir el actuar ilegal que vaya en contra de los intereses de la población”, puntualizó González Rivera durante la sesión virtual de la Comisión Permanente.

 Además, se busca que esta prohibición también se aplique a su cónyuge e hijos y que, si se violenta dicha prohibición, también se sumaría a la pena respectiva en contra del servidor público su destitución del cargo, la inhabilitación hasta por diez años para obtener y desempeñar un cargo en el servicio público y el decomiso de los productos del delito.

 Por ello, reiteró que los legisladores están obligados a perfeccionar el marco legal para garantizar que estas conductas sean inhibidas y castigadas con la máxima severidad.

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